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Dic 14

LA REFORMA DE LA LEY DE COSTAS ES UN PARCHE

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LA REFORMA DE LA LEY DE COSTAS ES “UN PARCHE” QUE OMITE LAS SINGULARIDADES DE LOS NÚCLEOS CANARIOS ADEMÁS DE RECORTAR LAS COMPETENCIAS LOCALES.

ley de costas

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Los diputados de Coalición Canaria en el Congreso, han rechazado la reforma de la Ley de Costas al tratarse “de una modificación parcial y sesgada que se limita a extender a 75 años las concesiones y amnistiar a determinadas áreas o urbanizaciones concretas de la costa mediterránea, con su exclusión del dominio público marítimo terrestre o establecer un excepcional deslinde para la isla de Formentera”.

Esta reforma ratifica “el desconocimiento del Gobierno de la problemática de muchos núcleos costeros del litoral, particularmente no considera las singularidades de Canarias, la comunidad autónoma con mayor longitud de costa por superficie, con más de 1.500 kilómetros de litoral, cuyo origen geológico volcánico, nuestro clima y nuestra posición geográfica hacen que las actividades que se desarrollan en el litoral de nuestro Archipiélago no encaje con exactitud en un marco normativo estatal que obedece a una realidad geográfica y social bien distinta”.

“Esta nueva norma no atiende a la actividad turística, residencial, de transportes, agrícola y pesquera, comercial, deportiva y de ocio y, en definitiva, una realidad social y económica que se encuentra íntimamente ligada a la zona marítimo-terrestre”.

La propuesta del Gobierno del Estado (PP) se olvida de “los núcleos costeros y pesqueros tradicionales existentes en nuestras costas con anterioridad a la ley de 1988, cuya realidad social y su actividad económica nunca ha sido adecuadamente considerada, cuyos valores etnográficos o arquitectónicos no encuentran protección en la nueva norma, que sólo establece la prelación de Bienes de Interés Cultural, valores que el PP defendió desde la oposición y que ahora no considera”.

“Tampoco se resuelven los problemas competenciales, más bien los recorta o agrava, tanto respecto a las competencias locales como a las autonómicas”, “cabía esperar de una nueva norma que reconociera el ejercicio de la competencia municipal en las playas que, al menos, constituyan verdaderos sistemas generales en los entornos urbanos. En los ayuntamientos recaen las obligaciones de limpieza, vigilancia y seguridad de las playas y el Gobierno del
Estado se sigue reservando las autorizaciones de las actividades en las mismas y el cobro de los elevados cánones por ocupación, dejando poco margen a la administración local”.

En cuanto a las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de ordenación del territorio, “se complican o condicionan en las zonas de servidumbre estableciendo el carácter preceptivo de los informes del Gobierno del Estado. Tampoco mejora la participación y la concurrencia competencial en la práctica del deslinde ni de la delimitación en zona de servidumbre”.

CC de Fuerteventura lamenta que se de seguridad jurídica a muchos ciudadanos peninsulares, pero no a los canarios, que nos sentimos abandonados y sin seguridad legal en una reforma que nos ha dado la espalda. El Estado español no tiene en cuenta ni respeta la singularidad de esta tierra, en la que la relación con el territorio y el espacio no se entiende sin el mar. En la última década los pueblos costeros canarios, los asentamientos y caseríos de nuestro litoral están siendo perseguidos y en muchos casos destruidos mientras que otras edificaciones privadas de la península son salvadas.

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