«

»

May 07

La Ley de Costas no contempla las singularidades de los núcleos costeros, además de recortar las competencias locales.

Download PDF

La reforma de la Ley de Costas es una modificación parcial y sesgada que se limita a extender a 75 años las concesiones y amnistiar a determinadas áreas o urbanizaciones concretas de la costa mediterránea, con su exclusión del dominio público marítimo terrestre o establecer un excepcional deslinde para la isla de Formentera.

 Esta reforma no encaja con una realidad geográfica y social de Canarias, bien distinta al resto del territorio nacional. Debería atender a la actividad turística, residencial, de transportes, agrícola y pesquera, comercial, deportiva y de ocio y, en definitiva, una realidad social y económica que se encuentra íntimamente ligada a la zona marítimo-terrestre.

La propuesta del Gobierno del Estado (PP) se olvida de los y pesqueros tradicionales existentes en nuestras costas con anterioridad a la ley de 1988, cuya realidad social y su actividad económica nunca ha sido adecuadamente considerada, cuyos valores etnográficos o arquitectónicos no encuentran protección en la nueva norma, que sólo establece la prelación de Bienes de Interés Cultural.

Tampoco se resuelven los problemas competenciales, más bien los recorta o agrava, tanto respecto a las competencias locales como a las autonómicas. En los ayuntamientos recaen las obligaciones de limpieza, vigilancia y seguridad de las playas, y  el Gobierno del Estado se sigue reservando las autorizaciones de las actividades en las mismas y el cobro de los elevados cánones por ocupación, dejando poco margen a la administración local.

En cuanto a las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de ordenación del territorio, se condicionan las zonas de servidumbre estableciendo el carácter preceptivo de los informes del Gobierno del Estado. Tampoco mejora la participación y la concurrencia competencial en la práctica del deslinde ni de la delimitación en zona de servidumbre.

de , advierte del doble lenguaje del Gobierno del Partido Popular, al manifestar que se mejora, por un lado, el régimen jurídico de la ocupación y asentamientos, mientras que en otro ámbito, se establecen nuevos requisitos desproporcionados que invaden competencias de las administraciones locales.

En las últimas declaraciones del Senador del PP, por la isla de Fuerteventura, indica que a partir de la aprobación de la Reforma de La Ley de Costas, los Ayuntamientos dispondrán de tres meses para regularizar sus núcleos costeros amenazados, y que si a los 18 meses de su petición el Ministerio no contesta, se entenderá que es favorable su legalización.

También asegura haber dado un gran paso adelante para atender las demandas planteadas y esperan que esta ley resuelva la situación de muchos núcleos que están afectados en Fuerteventura.

 Si tan generosos son, pasándoles la problemática a los ayuntamientos para “regularizar” sus núcleos costeros, porqué no transfieren, de un vez por todas, las competencias a la Comunidad Autónoma de Canarias, como ya se ha hecho con otras Comunidades. Sin lugar a dudas se ganaría en eficacia, operatividad y se lograría unificar criterios de actuación que redundarían en la solución de muchos de las situaciones planteadas.

 

 

Comparte y disfruta
Download PDF

Deja un comentario