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Mar 11

La ministra de Fomento elude responder a Quintero sobre cómo afectará la privatización de AENA a los aeropuertos canarios

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El senador traslada a Pastor las condiciones mínimas que exige Canarias para que prevalezca el interés general sobre los intereses empresariales

La ministra se limita a señalar que “operará en red para proteger a los aeropuertos pequeños”, pero no aclara cómo tutelará las terminales insulares

Quintero: “Los poderes públicos deben mantener en los aeropuertos canarios una capacidad de influencia sobre estas infraestructuras por su carácter estratégico”

La ministra de Fomento, Ana Pastor, eludió hoy, en el pleno de la Cámara Alta, responder a la pregunta del senador de Coalición Canaria-Agrupación Herreña Independiente (CC-AHI), Narvay Quintero, sobre cómo afectará el proceso de de AENA a la red de aeropuertos de Canarias y cómo prevé garantizar el Gobierno del Estado que prime el interés general sobre los intereses empresariales en un territorio en el que las administraciones públicas deben velar por la cohesión social y territorial.

En la sesión de control al Gobierno celebrada esta tarde en el Senado, la titular de Fomento se limitó a señalar que su departamento impulsará un modelo “en red”, en el que estén presentes todos los aeropuertos, “para garantizar que los más pequeños puedan seguir operando”. Sin embargo, no precisó qué condiciones impondrá a los futuros operadores privados para salvaguardar a las terminales del Archipiélago ni tampoco respondió a las condiciones mínimas que, según Quintero, se deben preservar en el caso de Canarias.

Pastor optó por recurrir a los datos del tráfico aéreo durante los dos primeros meses de 2014, en los que ha habido un aumento del 8,4% en el Archipiélago, y que en la próxima temporada de verano “23 millones de asientos ya están reservados, además de 53 nuevas rutas con Fránkfurt o Dakar”.

Hoja de ruta para proteger la red de aeropuertos de Canarias

Narvay Quintero expuso –durante su intervención- que “la primera cuestión que se plantea es si el Estado, que sólo va a conservar el 40%  de la sociedad AENA, va a estar en condiciones de controlar las políticas aeroportuaria y de transporte aéreo, es decir, ¿quién y cómo se  va a garantizar que las decisiones estratégicas sobre estas infraestructuras se van a adoptar considerando el interés general en lugar del interés empresarial?”

“Cerrar un no rentable, reducir su horario operativo o incrementar las tarifas serán decisiones que podrán ponerse sobre la mesa por parte de sus nuevos propietarios para mejorar su rentabilidad económica. Decisiones que, en el caso de Canarias, adquieren una dimensión que no admite cabida si el Gobierno prevé seguir garantizando la cohesión social y territorial de un Archipiélago cuyo futuro depende en gran parte de su red de aeropuertos”, agregó el senador herreño.

Quintero subrayó que “los poderes públicos, tanto el Estado como las Comunidades Autónomas, deben mantener, especialmente en el caso de ambos Archipiélagos, una capacidad de influencia decisiva sobre estas infraestructuras tanto por su carácter estratégico como porque son monopolios naturales en los que la tentación del gestor de tomar

decisiones que multipliquen sus beneficios a costa de sus usuarios serán inevitables si no se fijan unas condiciones previas”.

El senador herreño destacó que “la problemática de los aeropuertos canarios es diferente por razones geográficas evidentes que condicionan el modelo de integración territorial y, de paso, el desarrollo económico de la región. Estas circunstancias han justificado históricamente un marco jurídico, económico y fiscal con el que se ha tratado de afrontar las consecuencias negativas de esa realidad territorial. Un marco que, en nuestro caso, es irrenunciable”.

“Esto no significa”, agregó, “que se deba impedir a toda costa la intervención privada en la gestión de los aeropuertos. La participación privada puede ser beneficiosa. Pero el reto del sector público en un nuevo escenario de participación privada en la gestión de los aeropuertos es garantizar el equilibrio entre rentabilidad económica y satisfacción del interés general”.

Entre las condiciones que, a juicio de Quintero, debe fijar el Gobierno del Estado figuran “la disponibilidad de las infraestructuras y la continuidad del servicio en los ocho aeropuertos, con un horario operativo y un nivel de servicios mínimos adecuados a las necesidades de conectividad de cada Isla, especialmente en El Hierro, La Gomera y La Palma; la compensación del déficit en todas las terminales insulares; la política de tasas aeroportuarias debe ajustarse al papel y al impacto aeroportuario en las islas; deberán aprobarse planes estratégicos y planes directores con un programa mínimo y obligatorio de inversiones y, por último, se debe garantizar la gestión participativa de la administración autonómica y territoriales canarias”.

 

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