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Mar 03

Fernando Clavijo aboga por crear una Dirección General de Discapacidad que impulse planes junto a las otras administraciones

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La Plataforma Tenerife Discapacidad le traslada al candidato de CC sus necesidades, propuestas y reivindicaciones sobre el decreto de copago

 

El objetivo final de nuestras políticas sociales, destaca , es “que los ciudadanos sean independientes social  y económicamente”

 

El candidato de a la Presidencia de Canarias, Fernando Clavijo, aboga por la creación de una que desarrolle, en coordinación con los cabildos y los ayuntamientos, una serie de planes estratégicos que puedan dar respuesta a las necesidades y demandas de estas personas.

El candidato nacionalista, que se reunió en días pasados con representantes de la Plataforma Tenerife Discapacidad, acompañado por la diputada por CC Tenerife en el Parlamento de Canarias, Flora Marrero, asevera que “el objetivo final de nuestras políticas sociales es que los ciudadanos sean independientes social y económicamente”. En este sentido, quiso conocer de primera mano qué es lo que está demandando el colectivo de personas con discapacidad y cuáles son sus necesidades, especialmente, en relación con el decreto de copago y la Ley de Dependencia.

Por su parte, desde la Plataforma explicaron la necesidad de aplazar la aplicación del citado decreto hasta diciembre de 2015 y de establecer una mesa sectorial en la que se pueda establecer una hoja de ruta para establecer el coste real de los servicios de atención a la dependencia, teniendo en cuenta el proceso de crisis en el que nos encontramos.

Además, consideran que la oferta para contrarrestar la aportación que actualmente se recibe por parte de las familias mediante la subvención específica, y que se ha solicitado que se cuantifique, no ofrece garantía de fecha de cobro ni de continuidad en los próximos ejercicios.

Tal como explicaron a Fernando Clavijo, opinan que el decreto se aprobó sin el consenso de todas las partes implicadas, FECAI, FECAM y organizaciones que prestan servicios del tercer sector, y que no tiene en cuenta la situación actual del sobreesfuerzo económico de las familias de las personas en situación de dependencia. La Plataforma estima que esta reglamentación “en un contexto de crisis como el actual, con una base que se calcula a partir de 1 del IPREM (532,51), está “carente de equidad y justicia material, próxima a lo confiscatorio y que mas que invitar a ejercer el derecho subjetivo, expulsará del sistema a las personas mayores y con discapacidad, destinatarias naturales del sistema, por lo que consideran unos requerimientos exacerbados en materia económica”.

Fernando Clavijo, quien valora el trabajo diario que hacen las organizaciones no gubernamentales en el área de Políticas Sociales, explicó que, si los ciudadanos depositan en él su confianza para dirigir el Ejecutivo autonómico a partir de mayo, cambiará la Ley de Servicios Sociales para impulsar una unidad de criterio a la hora de controlar las acciones de forma que el ciudadano vuelva a ser el centro de las políticas públicas y donde las personas con discapacidad y sus familias puedan ser escuchadas y atendidas convenientemente.

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