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Coalición Canaria considera que uno de los principales retos que tiene el Arhcipiélago es atemperar el crecimiento poblacional para hacer posible un desarrollo sostenible. En este sentido cree necesario:
- Implantar medidas específicas, sujetas a limitación temporal, que pudieran regular la adquisición de segundas residencias.
- Establecer sistemas de información e investigación que permitan el recuento exhaustivo de los flujos migratorios.
- Asumir competencias y responsabilidades en política inmigratoria. En desarrollo de lo previsto en el artículo 37.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias y en atención a la necesaria conexión entre el control de flujos y la integración social, la Comunidad Autónoma debería estar en condiciones de ejercer, en virtud de los mecanismos constitucionales y estatutarios procedentes, las competencias de permisos de residencia y trabajo de extranjeros en Canarias.
- Fortalecer la coordinación y colaboración de la Administración Central y Autonómica en materia de Inmigración. Canarias debe participar, amparada en lo previsto en el art. 37.2 del Estatuto de Autonomía, en los centros y organismos de debate y decisión sobre inmigración a nivel del Estado español y europeo.
- Hacer efectiva la obligatoriedad de las empresas transportistas —compañías aéreas y marítimas— a suministrar información sobre los pasajeros que entran por puertos y aeropuertos, y extenderla a países Schengen.
- Establecer los criterios y requisitos únicos, conforme a la normativa básica, a utilizar de cara al empadronamiento municipal de los extranjeros en Canarias.
- Implicación de los ayuntamientos, a través de la Policía Local y de otros servicios municipales, en colaboración con las autoridades autonómicas y estatales, para la localización e identificación de aquellas personas que permanezcan de manera irregular en Canarias.
- Procurar un acuerdo entre el INE y el ISTAC para la ejecución y financiación conjunta de la actualización anual y su digitalización cartográfica del Censo de Viviendas. Actualmente, esta revisión se produce cada 10 años.
- Proponer un acuerdo entre el Ministerio de Economía y Hacienda con el Gobierno de Canarias, para que, en atención a las especiales circunstancias de estas islas, se proceda por la vía de las delegaciones a la gestión conjunta del catastro y su digitalización cartográfica.
